Los militares no quieren que nadie más desmine

En el último mes se han disparado los temores de que los militares no quieren compartir las labores de desminado con civiles.

Han pasado menos de tres meses desde que se firmó el acuerdo en La Habana para comenzar a desminar, pero ya se está sintiendo la resistencia de los militares a compartir esa tarea con los desminadores civiles.

Solamente en el último mes, los militares se quedaron con un municipio que había sido solicitado por una organización civil especializada, se autoasignaron varios otros municipios sin pasar por el conducto normal, se brincaron el monitoreo obligatorio de la OEA y vetaron a la Policía de los trabajos de desminado.

Aunque en el Ministerio de Defensa niegan que estén bloqueando a los civiles, que deberían jugar un rol cada vez más protagónico en desminar según los tratados internacionales, estos cuatro hechos han dejado mucho sinsabor en el sector porque rompen con las estrictas reglas con las que se ha venido haciendo. Tan singular sienten esa ruptura que incluso se comienza a hablar de que arrancó una competencia temprana por las tareas y la plata del posconflicto.

“Una vez arranca el piloto [de desminado] con las Farc, se desencadena toda esta locura. Es como si hubiera llegado un tábano a arriar la res”, dice una persona del sector, que -como las otras cinco consultadas por La Silla- trabaja con todos y, por lo tanto, prefiere no revelar su nombre.

El acuerdo sobre minas de La Habana alimentó las esperanzas del sector de minas de que las organizaciones civiles especializadas en desminado puedan trabajar en el país.

El presidente Juan Manuel Santos pasó el programa antiminas de la vicepresidencia al Ministerio del posconflicto del general Naranjo, pero aún no se siente la decisión política de quitarle influencia en esas decisiones a los militares.

El general retirado Rafael Colón es el líder del programa presidencial contra las minas, que teóricamente debería liderar la política pero que en la práctica pierde ese margen de maniobra con los militares activos.

Hace cuatro meses la ONG británica Halo Trust, que el año pasado se convirtió en la primera organización civil en entrar a desminar en el país, le solicitó al Gobierno que le asignaran el municipio antioqueño de Abejorral.

Eso después de que los municipios que le habían sido encargados -como San Rafael, Nariño y Carmen de Viboral, todos en Antioquia- tuvieran pocas minas. De hecho, en otro -La Unión- terminaron en solo un mes, sin encontrar nada.

El 'sí' para Abejorral nunca llegó. En cambio, hace menos de un mes sí lo hizo la noticia de que en ese municipio del Oriente antioqueño estaban trabajando militares del Batallón de Desminado del Ejército.

Esa decisión causó extrañeza porque, aparte de que hay unos 700 municipios afectados en todo el país, ése era uno con un número alto de víctimas que estaba ubicado en la zona donde Halo ya había contratado y entrenado desminadores locales. El descontento creció cuando se supo que el Batallón había solicitado ayuda económica a la Gobernación de Antioquia para desminar allí cuando Halo ya tenía lista su propia plata para hacerlo.

“Lo de Abejorral es solo un síntoma de algo más grande. ¿Qué organización internacional se va a meter al país si se enteran de cómo funciona? ¿Y los donantes qué van a hacer? Todos quieren mostrar resultados”, pregunta una persona que ha seguido de cerca el tema de desminado.

Ese no es el único escollo que, según seis personas del sector, están viendo las organizaciones civiles que quieren trabajar acá.

Su presencia en el país es un viejo compromiso de Colombia, que hasta ahora se ha quedado en letra muerta. En 2010 el gobierno del presidente Juan Manuel Santos pidió una prórroga de diez años para cumplir con la Convención de Ottawa de lucha contra las minas antipersonal y las municiones sin explotar, firmando a cambio dos compromisos puntuales.

El primero era incrementar la capacidad del Batallón de Desminado del Ejército, que no da abasto hoy. Y el segundo, traer a organizaciones de la sociedad civil -que se encargan de un 80 por ciento de todas las labores de desminado en el mundo- a trabajar en Colombia, que sigue siendo el segundo país con mayor número de víctimas de minas.

El problema es que la entrada al país de esas ONGs internacionales va muy cruda, debido a que -como ha contado La Silla- el proceso de acreditación por parte de la Dirección de Acción contra Minas Antipersonal (Daicma) del Gobierno se está demorando dos años. Tanto que solo lo ha pasado Halo Trust y ya varias, como la Fundación Suiza para el Desminado (FSD) y el consorcio Indra-atex, se han ido.

“Lo importante no es que hayan sacado a Halo a las patadas, sino que lleva varios meses pidiéndolo y que se entera por el correo de brujas que lo tienen los militares. Mientras tanto sigue sin respuesta y sin poder planear para dónde va”, dice otra persona.

La Silla supo que Halo Trust -que es la mayor ONG de desminado en el mundo y tiene una larga experiencia en Afganistán y Camboya- no tiene en este momento nuevos municipios asignados para arrancar los 'estudios no técnicos', que son la primera fase del proceso de desminado en la que se ubican las minas y trazan los polígonos que luego se despejarán. Eso significa que, si nada cambia, en un par de meses no tendrán dónde trabajar.

A eso se suma que la lista de 72 municipios priorizados por el Gobierno para desminar -que son los únicos que se pueden asignar actualmente tanto al Ejército como Halo- paradójicamente no refleja la foto real del impacto por minas en el país.

Muchos de los que están, como El Cocuy (Boyacá), no tienen reportes desde los tempranos años noventa y, por lo tanto, resultan muy poco atractivos para las organizaciones y sus donantes internacionales que no pueden mostrar resultados. Mientras tanto, no están zonas cruciales como el Catatumbo, Caquetá, el Bajo Cauca antioqueño o Putumayo. O Vistahermosa (Meta), el municipio con más víctimas del país, que el gobernador Alan Jara ha pedido escoger.

Esto se debe a que el criterio para escogerlos es un semáforo del Ministerio de Defensa que determina cuáles son seguros y no tienen presencia de guerrillas o paras (es decir, son “verdes”).

El general Rafael Colón -que dirige el programa de lucha contra minas que desde diciembre pasó al 'Ministerio del posconflicto' del general Óscar Naranjo- prometió cambiar esa metodología, aunque por el momento la lista sigue en pie.

Una situación parecida a la de Halo vivió hace un año la Fundación Suiza para el Desminado, que superó las dos primeras fases de la acreditación pero se terminó yendo de Colombia debido a que el Gobierno no le asignaba municipios para hacer la última fase de evaluación en terreno (que cuesta unos 500 mil dólares).

Eso les creaba un dilema del huevo y la gallina, ya que las organizaciones buscan que les indiquen una región para contratar localmente a futuros desminadores y capacitarlos, luego presentar el examen y -tras el sí final- arrancar a trabajar. (Por ejemplo, Halo Trust capacitó gente y presentó la evaluación en El Retiro, para luego quedarse trabajando en esa zona del Oriente antioqueño).

Esas dificultades han desanimado a varias organizaciones y países donantes que ven en Colombia, tras el acuerdo sobre desminado en La Habana, una ventana de oportunidad.

“Mire la ironía: una organización [como Halo Trust] que está acreditada, con técnicos, con equipos, con fondos y que sigue los estándares no tiene casi dónde trabajar”, dice un experto en desminado.

Para varios en el sector resulta irónico que eso suceda en momentos en que el acuerdo de La Habana, aun cuando habla solo de Ayuda Popular Noruega (NPA), abre las puertas para otras organizaciones civiles. De hecho, el decreto que reglamenta el acuerdo -que Santos firmó hace una semana- habla de que “a medida que avance la implementación del proyecto piloto de desminado humanitario, el Gobierno Nacional podrá autorizar, previa suscripción de un Acuerdo, el ingreso de otras organizaciones al proyecto piloto desminado humanitario”.

Hasta ahora solo hay otras tres en proceso: Ayuda Popular Noruega (que tiene un proceso de acreditación más expedito y hecho a su medida dado que estará en los pilotos con las Farc que arrancaron hace una semana en Antioquia), el Grupo Danés de Desminado y la francesa Handicap (ambas en la fase administrativa), además de la empresa británica Bactec y la Campaña Colombiana contra Minas (que quieren empezar el proceso).

En el Ministerio de Defensa niegan que haya una predisposición contra los civiles.

“Aquí hay un proceso abierto a que estén las organizaciones civiles. El tema se ha demorado, es cierto, pero de ahí a decir que hay resistencia es una locura: es el mandato y cabemos todos ”, dice un funcionario que prefiere no revelar su nombre porque no está autorizado para hablar del tema públicamente.

La Silla no encontró un vocero oficial porque por el cambio de ministros todos se están cuidando en estos temas. De igual manera contactamos al Daicma, pero el general Colón prefirió no hablar.

Con más de 12 mil víctimas, Colombia es uno de los países más afectados por las minas antipersonal en el mundo. Uno de sus compromisos ante la Convención de Ottawa fue vincular a organizaciones civiles al desminado.

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Muchos en el sector de minas sienten que el general Óscar Naranjo, cabeza del Ministerio del posconflico y negociador en La Habana, debería liderar la política sobre desminado cuya batuta hoy llevan los militares.

El caso de Abejorral no fue el único en disparar las alarmas.

La Silla supo que en el último mes se ha reportado la presencia de militares del Batallón de Desminado en municipios que no tenían bajo su ala, lo que ha llevado a que en el sector se hable de que se 'autoasignaron' áreas sin pasar por la Instancia de Desminado donde se reúnen Defensa, la Inspección General de las Fuerzas Militares y el Daicma de Colón. (De hecho, esa instancia de coordinación no se reúne desde mediados de diciembre).

A eso se sumó que hace poco el Ejército anunció que ya había formado 60 equipos nuevos para hacer estudios no técnicos de desminado, tras la promesa del ministro Juan Carlos Pinzón de aumentar en 10 mil hombres capacitados para desminar en el Ejército a lo largo de la próxima década.

El problema es que -según cinco personas del sector- el Ejército reclutó, entrenó, equipó y evaluó a esos 300 soldados él mismo, sin haber pasado por el proceso de monitoreo de estándares de calidad que suele hacer siempre el equipo especializado en minas de la OEA. En palabras de un experto en desminado, “eso es como la mano derecha diciéndole a la izquierda que lo está haciendo bien”.

Además de eso, causó sorpresa que -según tres personas- el Ministerio de Defensa vetó a la Policía Nacional de las labores de desminado.

La Silla supo que la Policía arrancó las fases tempranas de acreditación para eventualmente desminar en ciertas zonas puntuales donde ya trabajan en misiones especiales, como los cultivos de coca (con una muy alta presencia de minas), los parques nacionales, los resguardos y consejos comunitarios o las zonas prioritarias para la restitución de tierras.

Según dos personas que trabajan en el tema de minas, Defensa le dijo a la Policía hace dos semanas que no puede desminar porque no es ni organización civil ni parte de las Fuerzas Militares, los dos tipos de entidades autorizadas por ley para hacerlo.

En el Ministerio de Defensa niegan que eso sea así. Según un alto funcionario, la Policía nunca ha expresado formalmente su interés en desminar y los militares no tendrían problema en que lo hicieran eventualmente, aunque tiene más sentido que cada uno se concentre en lo que mejor sabe hacer.

En el fondo, para casi todos los consultados, el problema tiene que ver con que los militares no quieren compartir el control del desminado. Con frecuencia aluden a que el desminado militar y el humanitario son iguales, cuando el primero tiene un enfoque de seguridad (despejar un área operativa clave) y en el segundo prima la eliminación del riesgo para las comunidades locales.

Todos creen, aunque no tienen pruebas, que los militares temen que las organizaciones civiles les compitan por los recursos para desminar que le podrían llegar al país en un posconflicto. (Aunque es muy difícil que muchos de los potenciales donantes como Noruega, Suiza, Dinamarca o Japón financien a los militares, algo que históricamente no han hecho).

En todo caso, sienten que las cosas han cambiado desde que se anunció el acuerdo en La Habana. Y no precisamente para mejor.

“Es parte de la adaptación a nuevas circunstancias. Pero el problema es estructural: este gobierno -con mucho de esquizofrenia- ha prometido vincular a los civiles pero no le quita poder a los militares. Y la política de minas está presa de esa decisión de priorizarlos. No hay aún la voluntad política para cambiarlo”, dice una persona.

Sobre el papel, todos -en Defensa y del lado civil- sienten que hay espacio para muchos desminadores distintos. Como dice un funcionario de Defensa, “tristemente en Colombia hay espacio para todos y no damos abasto”. Pero en la práctica, dada la lista tan corta de municipios disponibles para desminar por razones de seguridad, el espacio para operar es estrecho.

En el fondo, para todos los consultados, el problema medular es que no hay una única voz de mando en el tema del desminado. Esto ya que el general Colón y el general Naranjo -que en la nueva estructura son la última palabra sobre el tema- en la práctica no tienen la capacidad de tirar línea sobre dónde se desmina y quiénes pueden hacerlo porque los militares se los saltan y porque, en últimas, la decisión de desminar depende de una Instancia donde los militares son dos (el Batallón de Desminado y la Inspección General) contra uno (el Daicma de Colón).

Como dice una persona, “tienes un bus y dos timones, cada uno jalando para un lado. Cuando debe haber uno solo que lidere la política y tome las decisiones”.