Ocho razones para destrabar el paro en Chocó

El ‘factor Pacífico’

Aunque los paros de Chocó y de Buenaventura arrancaron hace más de 13 días, la semana pasada empezaron a brotar señas de que la movilización crecería en todo el Pacífico.

El martes, más de 5 mil indígenas del norte del Cauca se movilizaron hasta Cali y planeaban seguir a Bogotá si el Gobierno no los escuchaba. Aunque sus peticiones no estaban directamente relacionadas con los paros del Pacífico, su intención de movilizarse justo en este momento, sí buscaba aumentar la presión al Gobierno.

A eso se sumó que a partir del jueves, y viendo que las conversaciones en Chocó y Buenaventura no avanzaban, varios municipios del Pacífico sobre todo en la costa nariñense y en Guapi anunciaron que también saldrían a protestar en un acto de solidaridad con su región.

El apoyo se basó en la indignación que generó que a estas alturas, los habitantes del Pacífico tuvieran que irse a paro para garantizar derechos fundamentales como el agua y la salud.

Como si eso no fuera suficiente, el paro de maestros en todo el país seguía subiendo de tono, mientras 8 millones de estudiantes siguen sin clases.

El Gobierno necesitaba una primera victoria para cambiar la tendencia de los paros porque sabía que se le podían venir encima el Norte del Cauca y Tumaco. Así se lo confirmaron a La Silla dos fuentes que participaron en la negociación.

La entrada de Santos

Aunque el presidente Santos estuvo enterado de la negociación desde el principio, la semana pasada finalmente terció frente al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas alrededor del punto crucial del paro: garantizar la plata para terminar las dos únicas vías que comunican al departamento con el resto del país.

Según una fuente que estuvo al tanto de la negociación, en una reunión privada en Casa de Nariño y convocada por el vicepresidente Óscar Naranjo para estudiar el paro antes de que comenzara, el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, descalificó el acuerdo logrado en agosto.

“Dijo que los negociadores habían sido irresponsables al comprometerse a dar una plata que el Gobierno no tenía”, contó la fuente. Agregó que aunque ese día no estuvieron los miembros del Comité, la frase llegó a sus oídos por intermedio de Alfonso Prada. Aunque La Silla no pudo verificar esto con más personas, sí supimos que varias personas del Comité estaban al tanto de las palabras de Cárdenas.

Para una fuente que sí estuvo presente en esa reunión, lo que dijo Cárdenas es que la cifra acordada con el Comite del Paro en agosto del 2016 para las vías no fue consultada con el Ministerio de Hacienda.

En todo caso, eso se convirtió en el principal obstáculo para que la mesa avanzara. Sobre todo porque en ese momento, quienes estuvieron a cargo de la negociación fueron el Ministro de Ambiente Luis Gilberto Murillo y el gerente del plan Todos Somos Pazcífico, Luis Alfonso Escobar, que no habían podido escalar a un nivel más alto para lograr que el Gobierno cediera, como contó La Silla.

Ese escalón se superó cuando Prada entró a la mesa en forma la semana pasada y Santos le dijo a Cárdenas que cediera.

Aunque la promesa inicial pactada en agosto del año pasado es que el Gobierno garantizaría 720 mil millones de pesos para las dos vías de Chocó, así el Gobierno pasó de ofrecer 339 mil millones a 440 para las vías y que los 280 mil millones de pesos restantes quedaran de alguna manera amarrados para que el próximo Presidente tenga algunas trabas para desconocer el acuerdo y no cumplir.

“No es la cifra que nosotros queríamos pero al menos la acompaña un Conpes que nos da esperanza y que obliga a ver qué pasa con el resto del dinero el próximo año”, dice Jorge Salgado, miembro del Comité Cívico.

La fatiga de los chocoanos con los comerciantes

A diferencia del paro de agosto del año pasado, esta vez los comerciantes no quisieron apoyar las manifestaciones cerrando sus locales durante el tiempo que durara la protesta argumentando que tendrían pérdidas multimillonarias.

Como contó La Silla, sólo cerraron sus negocios los primeros dos días. Luego, abrían las puertas desde las 4 hasta las 8 de la mañana para que la gente pudiera abastecerse justo antes de las nueve cuando arrancaban las marchas.

“Fueron los que más ganaron y los más usureros. Nunca cerraron y subieron los precios”, le dijo a La Silla una alta fuente del Chocó que estuvo al tanto de la negociación. “Lo único que estaba cerrado era el centro y nosotros sabíamos que no podíamos dejar que la gente se quedara sin comida”.

La situación generó que la gente se sintiera fatigada, no sólo por el hecho de estar 17 días marchando sino de que tuvieran que pagar precios más caros para poder abastecerse. Eso generó una cierta presión sobre el Comité para avanzar en los diálogos aunque según dos fuentes del Comité y un mediador, la gente hubiera seguido en paro si ellos se lo pedían hasta que lograran un buen acuerdo.

Las amenazas latentes

La amenaza de una “provocación” del Esmad se volvió un factor determinante en Chocó después de lo que pasó el viernes 19 en Buenaventura. Ese día, la Fuerza Pública entró a la ciudad a enfrentarse a los manifestantes y la ciudad terminó hecha un caos con el saldo trágico de un muerto y multimillonarias pérdidas al comercio que fue saqueado.

La sensación que quedó es que en cualquier momento podía haber un detonante que generará que el paro se saliera de las manos al Comité. Para evitar que sucediera fue clave que el Gobernador Giovanny Alberto Palacios respaldara al Comité en que el Esmad no interviniera.

A eso se sumó la amenaza que el Clan del Golfo o el ELN infiltraran las protestas y aprovecharan el desorden. Sobre todo después de que se hizo pública la amenaza del Plan Pistola del Clan del Golfo.

Ambas amenazas le metieron presión tanto al Gobierno como a los organizadores del paro para que intentaran negociar rápido para evitar que cualquier provocación desatara problemas de orden público graves.

Los mediadores

Un factor clave para levantar el Paro es que en Chocó hubo personas que se dedicaron a generar confianza entre las partes, tanto a nivel nacional como local.

A nivel nacional ese rol lo jugó Alfonso Prada como ya explicamos más arriba. A nivel local, ese rol lo jugó Richard Moreno, procurador delegado del Chocó, que actuó como garante por parte del Ministerio Público.

Moreno, uno de los líderes sociales más reconocidos de Chocó, se formó con los misioneros claretianos e históricamente ha sido compañero de lucha de los miembros del Comité en la defensa de los derechos de los chocoanos y ha sido colaborador permanente de la Iglesia, uno de los apoyos claves de este paro.

Esa trayectoria fue fundamental para generar confianza en el Obispo de Quibdó, Juan Carlos Barreto, quien después de que el Gobierno se opuso a que estuviera en la negociación, comenzó a dudar del Gobierno.

La Silla supo que Moreno logró cambiar la percepción del Obispo manteniéndolo informado de los avances de la negociación. Además, logró construir un diálogo fluído con Prada y con el Ministro de Ambiente, Luis Gilberto Murillo, para establecer pre-acuerdos que después llevaban a la mesa.

“La gente confiaba en que Moreno no se iba a dejar meter los dedos en la boca, igual a como tampoco lo haríamos nosotros”, le contó a La Silla una de las fuentes. Al final, la apuesta dio resultado.

El factor “Belén de Bajirá”

Desde el miércoles se supo que el Gobierno se comprometió a que el próximo 12 de junio va a publicar el mapa oficial de Chocó que incluye, después de 17 años de pleito con Antioquia, a Belén de Bajirá en su territorio.

Una vez más, por Twitter y por cartas dirigidas al Presidente, los políticos paisas encabezados por el Gobernador Luis Pérez protestaron en contra de la decisión del Gobierno de asignarle ese territorio al Chocó.

“La reacción generó nerviosismo en ciertos sectores del paro de que se cayera todo”, explicó a La Silla Pacífico una fuente que estuvo involucrada en la negociación y pidió la reserva de su nombre.

Eso ayudó también a presionar al Comité del Paro para que aceptara ese preacuerdo y avanzara en los demás puntos para evitar perder ese compromiso que soluciona uno de los puntos de honor de los chocoanos que se han sentido por años como David peleando contra Goliat para recuperar este territorio que ya el Igac avaló desde el 2013. 

La esperanza es que esta vez, la decisión sí se implemente en la práctica.

Un cronograma a corto y mediano plazo

Uno de los principales problemas de los acuerdos a los que llegaron el Comité Cívico y el Gobierno en agosto del año pasado es que aunque quedaron los compromisos, no se definieron ni las fechas para cumplirlos ni los mecanismos para hacer seguimiento a su ejecución.

Por eso, lo que en últimas terminó por levantar la mesa es que el Gobierno se comprometió a definir un cronograma a mediano y corto plazo para cumplir los compromisos.

Esto fue particularmente clave en el tema de las vías. El Gobierno se comprometió primero, a declarar las vías Quibdó-Pereira y Quibdó-Medellín como proyectos de importancia estratégica para el Gobierno nacional lo que significa que las vuelve prioritarias.

Segundo, el Gobierno se compromete a que entre el 2017 y el 2022 se deberá ejecutar la inversión inicial de 440 mil millones de pesos para la construcción de las vías.

Para eso, quedó pactado que en la reunión del Confis el próximo 15 de junio, se avalará fiscalmente los proyectos y la licitación se adjudicará en los primeros 15 días de septiembre de este año.

Como el Gobierno reconoce que las obras no estarán listas en lo que le queda al Gobierno Santos, el Gobierno se comprometió a priorizar los recursos que faltan para terminar las obras -unos 280 mil millones de pesos- para que el próximo Gobierno las termine.

Los proyectos serán incluidos en la elaboración del Marco Fiscal de Mediano Plazo de la vigencia 2018.

Aunque ese mecanismo no blinda del todo los recursos frente a las decisiones del próximo presidente, sí ayuda a ponerle trabas si llega a mostrar interés en incumplir el acuerdo.

“Decimos que el paro se suspende pero no se levanta, porque tenemos que seguir atentos. Y los hacemos porque el Gobierno ya se había comprometido y nos incumplió. Esta vez no queremos que suceda lo mismo. Por eso además de las mesas, el comité, que hoy suma cien personas, vamos a estar ahí”, le dijo a La Silla Jorge Salgado, miembro del Comité.

La presión de las regiones de Chocó

Aunque el epicentro del paro en Chocó fue su capital, Quibdó, en los acuerdos quedaron contemplados compromisos para que las demás regiones del departamento no se sintieran excluidas.

El Gobierno se comprometió a financiar la construcción de tres hospitales de mediana complejidad así: uno en Bahía Solano en la subregión del Pacífico, que tendrá un costo de 3 mil millones y se financiará con recursos de regalías; otro en Riosucio, en la subregión del Darién al norte del departamento, que costará 8.500 millones de pesos donde la mitad saldrá del DNP y la otra de las regalías del departamento; y finalmente, uno en Istmina, en la subregión del Bajo San Juan, que costará 10 mil millones y también será financiado miti miti entre el Gobierno y el departamento.