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El Código Duque ante Naciones Unidas: cero en conducta
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Esta columna fue escrita en co-autoría con Jessica Corredor Villamil.1
La política exterior del gobierno Duque ha sido una colcha de retazos, sin objetivos claros, sin visión estratégica, y manejada con muy escaso profesionalismo. Abundan los casos bochornosos que van desde las denuncias sobre maltrato y acoso a nacionales por parte de funcionarios diplomáticos, pasan por la conocida conversación entre el Embajador Francisco Santos y la canciller Blum sobre el Gobierno Trump y otros temas sensibles, y llegan hasta la vergonzosa presentación de fotos fuera de contexto en el informe presentado por el propio Duque sobre vínculos entre grupos armados y el gobierno de Venezuela ante Naciones Unidas.
Entre todo este desorden hay una constante: el interés decidido del Gobierno de Duque por debilitar la supervisión internacional de derechos humanos tanto en el sistema interamericano, como ante las Naciones Unidas. Para la muestra, un par de botones:
1. El intento de politizar la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) con la candidatura de Everth Bustamante, del cual un grupo de expertos independientes conceptuó que no reunía las condiciones de “independencia e imparcialidad” necesarias para ser parte de la Cidh, lo que provocó un penoso fracaso diplomático: el candidato colombiano fue derrotado en su propio patio en una Asamblea General de la OEA organizada por el gobierno colombiano en la ciudad de Medellín.
2. Recientemente, el Director de la Agencia Jurídica del Estado manifestó un nuevo interés del gobierno por promover una reforma a los casos que tramita la Cidh. Esto ya se vivió hace no mucho: supuestas propuestas de “fortalecimiento” que enmascaran intentos de debilitamiento de la supervisión internacional.
3. En cuanto a las Naciones Unidas, el gobierno ha impedido que los expertos independientes de la ONU visiten el país y se reúnan con las víctimas para hacer sus investigaciones e informes. El entonces relator sobre defensores de derechos humanos, Michel Forst, denunció en su momento que el ahora Fiscal Barbosa no reiteró una invitación oficial para hacer una visita de seguimiento al país. La Revista Semana además reportó que otros expertos también habían visto limitadas sus visitas al país.
4. Además, durante meses estuvo en vilo la renovación de la oficina de derechos humanos de la ONU en Colombia. El gobierno se resistía a renovar su mandato a menos de que la oficina se comprometiera a sus demandas, entre las cuales estaba la prohibición de usar en sus informes el término conflicto armado (el cual debía reemplazar por el de “situación compleja”), y a obtener el beneplácito del gobierno antes de nombrar a su director.
El nuevo ataque del gobierno Duque a la institucionalidad de derechos humanos se dirige contra los comités de derechos humanos de Naciones Unidas (también conocidos como los órganos de tratados). Específicamente, el gobierno colombiano busca que los miembros de estos comités (expertos independientes) se vean limitados en sus actuaciones y pronunciamientos por un “código de conducta”. Es decir, un manual en el que los Estados establezcan sobre qué y sobre qué no pueden pronunciarse los miembros de los comités.
El gobierno sabe que esta propuesta suena razonable. Sumados, los comités de derechos humanos tienen más de 170 miembros. Por eso, proponer unas reglas uniformes de conducta que eviten conflictos de interés y abuso en las funciones que deben desempeñar estas personas parece una cuestión básica de transparencia y gobernanza.
Pero la propuesta es muy peligrosa pues, de ser adoptada, afectaría directamente la independencia de estos órganos. Para funcionar apropiadamente, estos comités deben tener autonomía para actuar sin interferencia de los Estados. Especialmente, si se acogiera esta propuesta:
Se limitaría la competencia de los comités para adoptar sus propias reglas de procedimiento. Estos órganos independientes llevan casos en donde los Estados son partes, y por ello, deben regularse sin intervención del Estado. Haciendo un paralelo, es como si el gobierno quisiera imponerle el reglamento a la Corte Constitucional.
También, daría oportunidad para que, en la práctica, los Estados afecten la independencia de los miembros de los comités, intimidándolos para que tengan deferencia con los Estados y sus políticas.
Además, se estarían creando normas que van más allá de lo que dicen los tratados que son los que crearon estos comités y les dieron las competencias que actualmente tienen.
En últimas, la propuesta no es otra cosa que crear un mecanismo con el cual los Estados puedan controlar unos órganos que deberían ser independientes y que deben tener la capacidad para decidir, de acuerdo con lo que su criterio experto y los hechos de un caso o situación indiquen, independientemente de lo que al gobierno de turno le convenga. Esa es la esencia de los mecanismos de supervisión.
Como era de esperarse, el gobierno Duque no fue el creador de tan sofisticada artimaña, simplemente sigue los pasos de una propuesta ya rechazada, y que en su momento fue promovida por un grupo de Estados que buscaban debilitar los comités de derechos humanos de Naciones Unidas. Este grupo tenía como líderes, ni más ni menos, a Rusia y a China. La propuesta fue incluida por Egipto (a nombre del grupo de países africanos) y apoyada fervorosamente por Irán y Cuba. ¡Un tremendo combo!
Para evitar conflictos de interés y posibles abusos de los miembros de los comités ya hay mecanismos que no invaden las competencias de los órganos. Uno de ellos está en la aplicación de las “Directrices sobre Independencia e Imparcialidad de los miembros de los órganos de tratados sobre derechos humanos,” conocidas como las “Guías de Addis Ababa,” adoptadas en 2012. Estas guías complementan las reglas de procedimiento de cada uno de los comités.
Si de fortalecer los comités de derechos humanos se trata, la mejor forma de evitar que estos mecanismos caigan en prácticas impropias, es que los Estados (que son quienes nominan y seleccionan a todos los miembros de estos comités, pero que son a su vez supervisados por estos) establezcan procesos meritocráticos, públicos y transparentes que aseguren que los candidatos tengan el conocimiento y las calidades éticas que se espera de estos expertos, y que se abstengan de votar por candidatos que no cumplan con los más altos estándares.
En lugar de vigilar la conducta de los que llegan, los Estados harían más absteniéndose de hacer lo que hizo Colombia con su más reciente candidato a la Cidh, y repitiendo lo que hicieron sus pares regionales al ver la hoja de vida de Everth Bustamante (votar por candidatos más capacitados e imparciales). Hacer lo contrario es abusar del poder estatal para, desde adentro, minar unas instituciones que son fundamentales para prevenir que los derechos humanos y las democracias se sigan debilitando.
1Directora del Área Internacional, Dejusticia.
*Camilo Sánchez es Director de la Clínica de Derechos Humanos de la Universidad de Virginia.
Nota: Uno de los socios de Dejusticia, Rodrigo Uprimny, es integrante del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales de Naciones Unidas para el periodo 2019-2022.
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