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La calificación de grado de inversión está en peligro
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Las agencias calificadoras de riesgo están anunciándole al gobierno colombiano que si no emprende reformas del gasto y la tributación que permitan rebajar significativamente el endeudamiento público en los próximos 5 a 10 años van a quitarle a la deuda de Colombia la calificación de grado de inversión que hoy comparte con pocos países de la región. Van a volver “basura” ("junk bonds") los bonos colombianos.
Si esto sucede, los inversionistas institucionales van a tener que modificar sus portafolios reduciendo la participación de deuda colombiana; muy posiblemente se perderá demanda y acceso a crédito y se va a encarecer la financiación, tanto del Estado colombiano como del sector privado.
Esta actitud de los calificadores no tiene en cuenta que, por la pandemia, el aumento de la deuda pública como proporción del PIB ha sido monumental (más de 12 puntos porcentuales del PIB) y que no se tenían muchas opciones distintas, ya que una de las críticas que frecuentemente se le hacen al gobierno es que fue excesivamente tímido en sus respuestas a las necesidades de los más necesitados. Se puede calificar como desconsiderada e inoportuna la posición de las calificadoras, pero eso no cambia la situación que requiere urgentemente decisiones fiscales y financieras que le garanticen al mercado que la inversión en deuda colombiana sigue siendo un riesgo razonable.
De todas formas, tenemos que reducir la deuda como porcentaje del PIB, racionalizar el gasto y aumentar dramáticamente los recursos tributarios y demás ingresos del sector público y del privado. En ese sentido es muy afortunado que un grupo de economistas colombianos hayan previsto hace meses que son necesarias unas reformas estructurales profundas, no solamente del sistema tributario y del gasto público, sino del sistema de seguridad social y salud y de la legislación laboral del país. Esto ha dado como fruto la propuesta que han hecho pública Luis Fernando Mejía, director de Fedesarrollo, y Eduardo Lora para responder a esa necesidad. Su propuesta contempla transformar radicalmente la financiación de pensiones, seguridad y salud, una concepción distinta y más inclusiva del gasto social (enfocado prioritariamente a los más pobres y a los adultos mayores) y la eventual desaparición del mercado laboral informal. Para financiar estos cambios fundamentales, Lora y Mejía aportan una propuesta estructural del sistema tributario que promete responder a las necesidades de mejorar la distribución del ingreso y apoyar a la población más pobre. También responde a las expectativas de los inversionistas que han tomado posiciones importantes en títulos de deuda de Colombia.
Pero aun contando con ese esfuerzo, la forma vertiginosa como ha subido la deuda pública como proporción de PIB hace necesario buscar y aplicar soluciones alternativas complementarias para suavizar el esfuerzo que exige reducir gradualmente dicha deuda en los próximos 5 a 10 años al tiempo que se responde a las necesidades sociales adicionales que se derivan de la pandemia y de un sentido de justicia distributiva que estaba haciendo falta en la discusión pública nacional.
Una manera de reducir deuda como porcentaje del PIB es vender activos para pagar deuda anticipadamente. El activo que está ahí, que se podría vender ya, es el 37 por ciento de las acciones de Ecopetrol, de tal forma que el gobierno conserve el 51 por ciento y reduzca con esa plata la deuda externa en 5 por ciento del PIB.
El valor de Ecopetrol es de 40.000 millones de dólares aproximadamente. El 37 por ciento de ese valor es 14.800 millones, que es aproximadamente 5 por ciento del PIB. Si ese monto se obtiene de la venta y se aplica a reducir deuda externa, se reduce en 1.389 millones de dólares la amortización anual de deuda. Adicionalmente se reduce el pago de intereses en 666 millones de dólares. Esta reducción y la disminución de las amortizaciones que se derivan del prepago recomendado equivalen a un ahorro alrededor del 0,7 por ciento del PIB por año en servicio de deuda (algo más que una reforma tributaria anual). De esta forma se facilita la reducción del exceso de deuda que se torna manejable. Los dividendos de Ecopetrol pasan de 89 por ciento a 51 por ciento. Como esto seguramente tendrá un impacto positivo sobre la gobernabilidad de la empresa y su rentabilidad, parte de esa reducción en los dividendos se podrá recuperar.
Estimo que es necesario darle importancia a la solución de este problema y a la contribución a resolverlo que se podría derivar de esta propuesta, sin perjuicio de que se examinen otras opciones.
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