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La situación actual de Transmetro ha permitido abrir el debate del qué hacer para solucionar su crisis. El transporte masivo sufrió una inminente parálisis, que desde hace tiempo se había postergado con la inyección de recursos que cada cierto tiempo el Gobierno nacional giraba en sus diferentes formas.
La crisis de Transmetro sí tiene arreglo
Si bien la pandemia agravó la situación del sistema, desde un inicio el Transmetro empezó a andar cojo. Aunque los operadores (T-Sistur y Metrocaribe) se llevan la mayoría de los ingresos, lo cierto es que los cálculos con los que se planteó el proyecto no se ajustaron a la realidad y no se ha podido llegar a un punto de equilibrio para reducir la brecha entre la tarifa técnica y la tarifa al usuario.
De la serie de recursos que los gobiernos nacional y distrital han irrigado y del Fondo de Estabilización Tarifaria que crearon para subsidiar los gastos que el pasaje no cubre (fisco que Área Metropolitana se ha empeñado en mantener, aun siendo a todas luces ilegal, como expliqué en la columna “El fondo que subsidia a Transmetro es injusto e ilegal”), se puede concluir que, como fue planteado, el proyecto no es autosostenible y que, sin el apoyo estatal, es inviable.
De igual forma, hoy se puede concluir que los costos de este tipo de sistemas BRT son crecientes, muy diferente al caso del Metro de Medellín, pues, aunque inicialmente su inversión generó un alto endeudamiento, la operación misma hace que la tendencia de gastos vaya a la baja.
Por tanto, a diferencia de lo que señaló el alcalde Pumarejo, considero que son el Distrito y el Gobierno nacional quienes deben asumir tanto la deuda de los operadores como la operación misma del Transmetro a costo marginal, pues se trata de garantizarles a los más de 54 mil usuarios que moviliza a diario y a la ciudad algo tan esencial como la movilidad para el desarrollo de los diferentes sectores de la economía y la garantía de derechos.
Esta propuesta es una alternativa para solucionar de raíz un problema que impacta la calidad de vida de los y las barranquilleras y que asume como fin la consecución de un transporte justo y eficiente, no solo al asumir sin ánimo de lucro la operación del sistema por parte del Distrito, sino al obligarse a subsidiar directamente esa diferencia entre las tarifas sin cargarle injustamente esa obligación a los usuarios y empresarios del Transporte Público Colectivo.
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