Las víctimas le apuestan a las urnas

Con 13 líderes de víctimas aspirando en estas elecciones, La Guajira es uno de los departamentos donde más le picó el bicho de la política al movimiento de víctimas.

La figura más visible es Telemina Barros Fince, líder wayúu y sobreviviente de la masacre paramilitar de Bahía Portete, que aspira al concejo de Uribia por la ASI.

Telemina es una de las lideresas de Bahía Portete, una ranchería de la Alta Guajira donde vivían unos 600 indígenas wayúu hasta el 18 de abril de 2004 que un grupo de paramilitares enviados por ‘Jorge 40' llegó -lista en mano- comenzó a buscar a las mujeres líderes más conocidas. Ese día, cuando ella tenía 19 años, los paras asesinaron a dos de sus familiares que se oponían a una alianza entre la comunidad y los grupos paras en la zona: su tía Margoth Fince Epinayú, de 70 años y una de las fundadoras de la Asociación Indígena de Autoridades Tradicionales (Akotchikrrawa), y su prima Rosa Fince Uriana. Después de eso la comunidad estuvo desplazada casi una década en Riohacha y en el puerto venezolano de Maracaibo.

Desde ese momento, Bahía Portete se convirtió en una de las masacres más emblemáticas de los paras por su ensañamiento con las mujeres líderes, tema que estudió el informe del Centro de Memoria Histórica. Y sus nuevas líderes, Telemina y su hermana Débora, fundaron la organización de mujeres Tejiendo la Paz (Wayuumunsurat) y se han convertido en referentes en el aterrizaje de la Ley de Víctimas para indígenas. De hecho, Telemina está en la mesa departamental y Débora en la nacional y en el primer grupo de víctimas que viajaron a La Habana.

Además de Telemina, hay dos candidatos en Riohacha: el líder de víctimas afro Leonardo Ochoa (que va con la ASI y que creó la Fundación Afro Guajira) y Roberto Acevedo, que fue presidente de la Asociación de desplazados de La Guajira y que aspira con la Unión Patriótica.

En Albania está aspirando José Polo, el representante de las víctimas Lgbti en la mesa departamental, con Opción Ciudadana. En Villanueva está Hugo Oñate, el líder de los adultos mayores víctimas, que va con el uribismo. Y en Barrancas, el líder de desplazados Esneider Pinto con el Polo.

En Magdalena, el cuarto departamento con mayor número de víctimas, hay una líder conocida aspirando.

Una de ellas es Yojaira Carrascal, que aspira con Cambio Radical al concejo de Aracataca, municipio al que llegó desplazada desde Sahagún (Córdoba) -cuando su tío fue asesinado- y del que de nuevo tuvo que salir huyendo durante la arremetida de los paras. Regresó en 2005 a su vereda y fundó, con la ayuda de la Cruz Roja, una organización con 160 familias.

“Hoy somos 678 familias en doce veredas cercanas, dispersas en ese sector rural pero organizadas en una especie de círculo en el que si cualquier persona extraña entra las casas que están en el perímetro suenan el campanazo y así nos alertamos. Y hemos logrado pasar de ser una comunidad con mucho abuso sexual, con letreros decretándole la muerte a los sapos, a una comunidad unida y solidaria”, le contó ella a La Silla su lucha en 2013, cuando fue elegida representante del Magdalena en la Mesa Nacional de Víctimas. Ese trabajo la llevó a ser finalista de Titanes Caracol, el concurso que organizó hace un año Caracol para resaltar el trabajo social de líderes en el país.

Con 355 mil víctimas, Cesar es el sexto departamento con mayor número de víctimas. Un porcentaje muy alto de ellas son indígenas de la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta, que ahora tienen su propio candidato al concejo de Valledupar.

Se trata de Pedro Loperena, el representante de derechos humanos de los wiwa y uno de los líderes indígenas más activos de la Sierra, que aspira con el partido indígena Mais. Él fue uno de los sobrevivientes de la masacre paramilitar de El Limón, un poco documentado ataque del bloque Resistencia Tayrona en el que ocho personas fueron asesinados tres de sus familiares.

Desde entonces Loperena se ha convertido en uno de los líderes más activos de los wiwa: defensor de sus derechos humanos desde la Casa Indígena en Valledupar y -como parte del consejo territorial de cabildos que reúne a los pueblos arhuaco, kogui, wiwa y kankuamo- ha sido parte de los procesos de consulta previa de proyectos regionales como Los Ciruelos, Puerto Brisas y la desviación del río Ranchería.

En Atlántico, donde hay 209 mil víctimas, hay tres líderes que están aspirando, todos con los liberales.

La más conocida es Leslie Orozco, una líder de víctimas de violencia sexual que estuvo en la Mesa Nacional de Víctimas y que aspira al Concejo de Barranquilla. Ella fue una de las tres líderes de víctimas -junto con Martha Díaz y Yesenia Pérez- que fueron declaradas objetivos militares por Los Rastrojos por su activismo.

Además de ella, están aspirando Gloria Alzate (una líder de desplazados que está en la mesa departamental y que aspira al concejo de Candelaria) y Robert Roa (un líder de restitución que viene de la organización Tierra y Vida que lidera Carmen Palencia y que aspira a la Asamblea).

Bolívar, donde uno de cada cinco habitantes es víctima (para un total de 436 mil), es uno de los departamentos donde más líderes conocidos se lanzaron. Eso se ha visto sobre todo en los Montes de María, la montañosa región entre Sucre y Bolívar que fue asolada por los paras, las Farc y el ELN.

Una de ellas Mayerlis Angarita, que aspira a la alcaldía de San Juan Nepomuceno con la ASI y que lidera la organización de 840 mujeres llamada Mujeres Narrar para vivir, que le han apostado a los relatos orales para reconstruir sus historias y enseñarle a la gente sobre sus derechos. Estuvo este año en La Habana conversando con la subcomisión de género de las Farc y el Gobierno. Se lanzó por la ASI después de que el Partido Liberal -que apadrinó la Ley de Víctimas y hace un año decidió incentivar a las víctimas a lanzarse a la política- le negara el aval y, como contó La Silla, fue víctima de un atentado en plena campaña, después de que su organización revelara varias amenazas e intimidaciones desde que las mujeres de Narrar resolvieron llegar a las urnas en varios municipios de Montes.

Otro es Luis Alfredo Vásquez, un conocido líder de restitución de tierras de Montes de María, que aspira a la Asamblea de Bolívar con el Polo Democrático después de que el Partido Liberal -que apadrinó la Ley de Víctimas y hace un año decidió incentivar a las víctimas a lanzarse a la política- le negara el aval para ser candidato.

Desde hace cuatro años es el tesorero y uno de los líderes más visibles de Tierra y Vida, una asociación que reúne a unos 10 mil campesinos que buscan recuperar las tierras que perdieron por la violencia en todo el país y que ganó el Premio Nacional de Paz en 2011. Solamente en Montes trabajan con 19 organizaciones de víctimas, que llevan unos 2.500 casos ante la Unidad de Restitución de Tierras.

“Las víctimas nos hemos dado cuenta hace muchos años que únicamente se hace la diferencia cuando estamos en los espacios de toma de decisiones. Pero, para eso, necesitamos que nos visibilicen y que nos blinden”, dice Vásquez.

También en Montes está Edgardo Flórez, un histórico líder de la Unión Patriótica que se lanzó al concejo del Carmen de Bolívar con el partido indígena Mais.

“Fui amenazado en 1991 por las AUC. En aquel momento era el último candidato al concejo de Carmen de Bolívar que hacía parte de la UP. Tuve que retirarme de todas las organizaciones con las que trabajaba en ese momento. En el 2000 cuando llegaron los paracos reales me amenazaron. Me dijeron que no podía quedar gente que hubiera pertenecido a la UP. Tuve que salir de Carmen de Bolívar. Me fui para Cartagena donde me recibió el padre Rafael Castillo y a él le ayudé a montar la Pastoral Social, que creo que fue la primera que hubo en la región. Estuve en Cartagena hasta el 2008, cuando decidí regresar a Carmen de Bolívar porque quería recuperar el tiempo que había perdido, de ver crecer a mis hijos y reconstruir mi vida”, le contó a La Silla cuando fue elegido a la Mesa Nacional de Víctimas por Bolívar.

Además de ellos están Diana Mata, integrante de la mesa departamental de víctimas y candidata verde al concejo de Villanueva, y Amparo Toloza, una líder del sur de Bolívar, quiere llegar a la Asamblea con la ASI.

En Córdoba, donde hay 299 mil víctimas (o uno de cada seis habitantes), hay tres líderes de la mesa departamental de víctimas aspirando.

El más conocido es Gustavo Copete, un líder de desplazados que está aspirando al concejo de Montería con el Polo Democrático. A la capital cordobesa llegó hace dos décadas, cuando tuvieron que salir desplazados de Chigorodó, en el Urabá antioqueño, porque a su mamá -que era concejal de la Unión Patriótica- la amenazaron los paramilitares.

En Montería arrancó a trabajar con los desplazados hace diez años, desde su fundación Nueva Vida. E intentó, en 2011, ser concejal pero sacó solo 573 votos. Ahora se vuelve a lanzar, aunque hay una diferencia: “Antes yo era Gustavo Copete y ahora soy el representante de las víctimas, que son más de 118 mil solo en Montería. Queremos poder mostrarnos, porque solo así el Gobierno nos va a ver con otros ojos”, dice él.

Además de Copete, están de candidatos Reginaldo Correa (al concejo de San Andrés de Sotavento por los liberales) y Yesenia Vergara (que va con Cambio Radical al concejo de Valencia, un municipio donde el nivel de riesgo de los líderes es tan alto que -como ha contado La Silla- han asesinado a tres en los últimos dos años y fue uno de los últimos en el país en tener mesa municipal de víctimas).

Una de las figuras más conocidas es Alicia Ramos, una líder de restitución de tierras del Urabá que tenía intención de aspirar a la alcaldía de Necoclí pero que -tras tener problemas con su aval- terminó lanzándose al concejo con La U.

Ramos es desde hace cuatro años la líder en el Urabá antioqueño de Tierra y Vida, una asociación que reúne a unos 10 mil campesinos que están intentando recuperar las tierras que perdieron por la violencia en todo el país y cuyo trabajo es tan conocido que ganaron el Premio Nacional de Paz en 2011. Inicialmente quería aspirar por el Partido Liberal, que apadrinó la Ley de Víctimas y hace un año decidió incentivar a las víctimas a lanzarse a la política, pero -como contó La Silla- los dos congresistas rojos fuertes en la zona se opusieron a que recibiera el aval.

“Habiendo un proceso de paz, ¿qué mejor que tener víctimas en los concejos y las alcaldías? Nosotros no solo tenemos compromiso con las víctimas, que a la mayoría de los alcaldes no les importan, sino que queremos trabajar en el posconflicto y con los desmovilizados de las Farc”, cuenta Ramos, quien lidera una organización de víctimas que nació al tiempo que Justicia y Paz.

Al final Ramos irá en llave con otra víctima: José Luis Ariza, el candidato a la alcaldía de La U que es un desplazado del Magdalena y que también está solicitando la restitución de las tierras que le despojaron allí.

También está Yolanda Perea, una de las líderes más visibles de las víctimas de violencia sexual en Colombia, que aspira a la Asamblea con el partido indígena Mais.

Perea tenía solo 11 años cuando, en su casa en Riosucio (Chocó), fue víctima de una agresión sexual por parte de un hombre a quien ella solo se refiere como “un actor armado”. Quedó embarazada pero su agresor y otros compañeros le dieron una paliza que le ocasionó la pérdida del bebé. Cuando su madre fue a reclamarles por la nueva agresión, la asesinaron y poco después Perea salió desplazada del Chocó.

En año Medellín creó la asociación Afrocolombianos el Puerto de mi Tierra y se dedicó a trabajar con las víctimas de violencia sexual, en representación de quienes llegó a la Mesa Nacional de Víctimas en 2013.

Además de ellas está de candidata Birleyda Ballesteros, una líder que está en la mesa departamental y que ahora aspira al concejo de Apartadó con La U.

Santander, donde viven 240 mil víctimas, tiene tres candidatos líderes en el tarjetón.

Uno de ellos es Edgar Moreno, que nació en El Carmen de Chucurí y que pisó una mina antipersonal que lo dejó sin una pierna cuando tenía 16 años. Hoy aspira, como líder de las víctimas de minas, a una curul por La U en el concejo.

Moreno no solo es un líder que ha visibilizado a la población víctima de las minas antipersonales, sino que también es ciclista paralímpico. “Un año después de la mina me interesé en el tema del deporte, aprendí a montar en bicicleta y animé a otros muchachos para que empezaran a montar. Empecé a competir y ahora soy de la selección nacional”, cuenta Moreno, que también creó y dirige la Escuela de Talento Carmeleño que se dedica a promover el deporte inclusivo. Tras trabajar en el Centro Integral de Rehabilitación de Colombia (Cirec) y luego en el observatorio de minas de la Vicepresidencia, cuando estaba bajo el ala de Pacho Santos, volvió al Carmen de Chucurí y salió elegido concejal conservador en 2007.

Otro de los líderes que aspira es Jorge Marín, quien tras haber vivido 10 años exiliado en Canadá, quiere ser alcalde de Charalá por segunda vez.

La primera vez fue elegido en 2001, al mismo tiempo que llegaron los paramilitares a la zona. “A los cuatro meses de haberme posesionado aparecen amenazas de los paramilitares del Frente Comunero Cacique Guanantá del Bloque Central Bolívar, porque querían coparticipación de los recursos del municipio. Vinieron las amenazas y me convirtieron en objetivo militar y luego me secuestraron en 2002 y en 2003”, cuenta. Así que en 2004 dejó el municipio para refugiarse en Canadá, donde trabajó temas de derechos humanos junto a otros alcaldes que también tuvieron que dejar el país. Y ahora regresó y está de candidato a alcalde con el partido indígena Mais.

Además de él está Miguel de la Vega, que fue el coordinador de la mesa departamental de víctimas y ahora es candidato de la Unión Patriótica a la Asamblea.

Con 36 mil personas registradas, Boyacá es uno de los departamentos con menor número de víctimas en el país. Sin embargo, tiene dos líderes aspirando este domingo.

El más conocido es Edwin García, un líder de la mesa departamental de víctimas y candidato verde al concejo de Sogamoso. Él es víctima desde que su papá Hernando García fue asesinado por el frente 28 de las Farc, cuando trabajaba en una vereda de Socotá como electrificador de la Ebsa en 1997. Durante casi quince años su familia se dedicó a salir adelante y él a graduarse, vendiendo flores, como ingeniero civil de la Universidad Pedagógica y Tecnológica.

Hasta que, en 2011, se volvió líder de víctimas. “Yo soy un hijo de la Ley de Víctimas. Me invitaron a un taller cuando salió la [ley] 1448 y ahí empecé mi asociación Nueva Esperanza. Nos fuimos empapando, porque a uno le toca ser juicioso con la lectura y la interpretación de las leyes para que le pongan cuidado. Casi que nos hemos vuelto abogados, porque es a punta de derechos de petición que hemos sacado adelante los proyectos productivos y los registros [de víctimas]”, cuenta Edwin.

Además de él está Temilda Fernández, una lideresa oriunda de San Luis Gaceno que está en la mesa departamental y que aspira a llegar a la Asamblea con los conservadores.

Aunque Bogotá tiene un número bajo de víctimas propias (apenas 22 mil), es la ciudad que agrupa un mayor número de ellas: 628 mil, que equivalen al 8 por ciento de sus habitantes. Y hay al menos dos candidatos al Concejo que buscan representarlas.

Entre ellos está Alfonso Castillo, un historiador que estuvo en la mesa nacional de víctimas como representante de las víctimas de actos terroristas y que ahora es candidato de la Unión Patriótica al Concejo de Bogotá.

Castillo salió de su natal Cali hace dos décadas, huyendo de la feroz campaña contra el partido que surgió de las fallidas negociaciones entre las Farc y el Gobierno durante los años ochenta, en la que fueron silenciados Jaime Pardo Leal, Bernardo Jaramillo Ossa, Manuel Cepeda Vargas y otros tres mil militantes. En Bogotá, se convirtió en líder de la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria (Andas) y del Movice, el movimiento de víctimas de crímenes de Estado.

A él se le suma Aída Avella, la ex concejal y fórmula vicepresidencial de Clara López hace un año se lanzó como cabeza de lista en Bogotá de la resucitada Unión Patriótica y que fue una de las víctimas que viajó a La Habana el año pasado para reunirse con los equipos negociadores de la paz.

Avella es una veterana líder sindical, que fue integrante de la Asamblea Nacional Constituyente con la UP y dos veces concejal de Bogotá, hasta que abandonó el país cuando le hicieron un atentado con una bazuca en la Autopista norte, poco después de asumir la presidencia del partido cuando fue asesinado Bernardo Jaramillo Ossa. Volvió al país en 2013, cuando el Consejo de Estado le devolvió la personería jurídica a la UP y 17 años después de haber huido. Tras ser brevemente candidata presidencial de ese partido, terminó convirtiéndose en la fórmula de Clara López, sacando la segunda votación en Bogotá en la primera vuelta con 500.603 votos.

En Chocó, un departamento en donde viven 221 mil víctimas (uno de cada dos habitantes), se está lanzando Fray David Sánchez, un líder de víctimas afro que está en la mesa departamental de víctimas y que aspira por la ASI al concejo del Medio San Juan. De ese municipio tuvo que salir en 2004, cuando toda su vereda de San Miguel salió hacia Armenia en uno de los muchos episodios de desplazamiento masivo que vio esa zona del centro del Chocó.

Regresó en 2007 en uno de tantos retornos no acompañados de víctimas, pero un año después su hermano -el ex concejal Alexis Sánchez- fue asesinado y tuvo que salir nuevamente. Esta vez no se fue lejos. “Decidí que no me iba del Chocó, sino que me iba a quedar luchando por la comunidad y por nuestro territorio. Me vi obligado a retomar el trabajo que mi hermano llevaba y por eso me lancé”, cuenta Sánchez, en un municipio donde uno de cada dos habitantes son víctimas.

En Caldas, donde hay 100 mil víctimas (o uno de cada diez habitantes), hay un candidato -Alberto José Ospina- que está aspirando a la Asamblea por Alianza Verde y cuya historia de vida es un microcosmos de la guerra en el país.

El frente noveno de las Farc asesinó a su papá en Marquetalia en 1983 y él fue desplazado de Samaná luego de que este mismo frente lo amenazara dos décadas después, en 2002. Dos años después, cuando llegó a La Dorada, las Autodefensas lo secuestraron -en sus palabras- “de las diez de la mañana hasta por la tarde, aunque para mí fueron como días” por haber denunciado ante el personero municipal el mal uso que le estaban dando a los mercados de las familias desplazadas, y en marzo de este año dos hombres armados dejaron un pasquín en la puerta de su casa, sede de la Asociación de Familias Desplazadas de Caldas (Asofades), la cual él preside.

En 2006, junto a otras familias desplazadas, creó Asofades “para que nos traten como ciudadanos de La Dorada y que nos auxilian sobre todo en el sector productivo y en la vivienda”, cuenta. “Ha sido muy duro porque no nos paran bolas, a todo dicen que sí, pero cuando van a ejecutar, colocan los montos que ellos quieren y no nos consultan”. Por eso hace cuatro años decidió meterse en la política como candidato al Concejo de La Dorada por La U, y aunque no lo logró esa vez, para estas elecciones vuelve a aspirar con Alianza Verde.

En Risaralda, que tiene 100 mil víctimas, está aspirando al Concejo de Pereira con los liberales Johan Stiven García, un líder de víctimas Lgbti que estuvo -en representación de ellas- en la Mesa Nacional de Víctimas.

“Yo era líder político en Medellín, pero tuve que salir desplazado y llegué a Risaralda hace cinco años. Desde ese momento he venido acompañando y asesorando legalmente a las víctimas, sobre todo las Lgbti. Trabajo en Pereira con Construyendo Futuro para el Eje Cafetero, que reúne a 450 víctimas del departamento. Estamos tratando de que sean incluidas y reconocidas como víctimas del conflicto armado, que no seamos estigmatizados y que se reconozca que somos aún más vulnerables. Es un gran avance que por primera vez haya dos delegados Lgbti, pero queremos mostrar que nosotros podemos pensar en nombre de todas las víctimas”, le contó García a La Silla en 2013, cuando fue elegido representante de víctimas Lgbti en la Mesa Nacional de Víctimas.

García es además uno de los 69 candidatos que tienen una agenda clara en temas LGBTI en alcaldías capitales, un tema al que le ha hecho seguimiento Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y otras organizaciones.

Quindío, que tiene uno de los números más bajos de víctimas (55 mil) si se le compara con su población, tiene tres líderes de víctimas en los tarjetones.

El más conocido es Alfonso Masso, un líder de víctimas que llegó hace 17 años desplazado a Pijao desde Briceño (en el Tolima) y que ahora está aspirando al Concejo municipal por La U.

“Cuando era presidente de la JAC en Briceño, la guerrilla llegó y me presionó para que fuera a cultivar coca con mi compañera. Pero eso es malo, es caliente y entonces uno se calienta, se tiene que volver asesino. Entonces llegaron cinco personas armadas a mi casa un jueves a las 2 de la tarde y me dijeron que, si no servía, no podía estar en la región” le contó a La Silla.

En 2003, cinco años después de llegar a Pijao, se convirtió en secretario de la Asociación de Víctimas de Pijao (Asopijao) y en 2011, después de que sancionaran la Ley de Víctimas, fue el coordinador de la primera mesa municipal de víctimas y luego fue delegado en la departamental.

“Esa ley salió tan linda, pero cumple tan poquito. La problemática más grave para las víctimas es la vivienda. Si se ponen a pagar arriendo no tiene que comer porque les llega 100 mil pesos cada seis meses”, dice. Por esto decidió, junto a otros nueve compañeros de la mesa departamental, tener representación de la víctimas en nueve municipios y así promover proyectos de vivienda.

Además de él, están de candidatos dos líderes que han estado en la mesa departamental de víctimas: Álvaro Vargas (que es candidato al concejo de Génova con el partido indígena Mais) y Luz Marina Hernández (que aspira al concejo de Salento con Cambio Radical).

Con 438 mil inscritas en el registro de la Unidad de Víctimas, el Valle es uno de los departamentos con mayor número de personas cobijadas por la Ley de Víctimas.

En Cali uno de los tres punteros a la Alcaldía es una víctima con mucha visibilidad: el empresario Maurice Armitage, descrito como el ‘cacao de la reconciliación’ -por repartir las utilidades de su siderúrgica con sus empleados cada tres meses- y una de las 60 de víctimas que viajaron a La Habana a hablar con los negociadores de las Farc y el Gobierno.

Este caleño de 69 años ha sido secuestrado dos veces: la primera en 2002, cuando se lo llevó el frente 57 de las Farc y lo retuvo durante mes y medio, y la segunda en 2008, cuando delincuentes comunes se lo llevaron de su finca en Jamundí y estuvo retenido durante cuatro días. Tras descubrir que había sido su mayordomo quien ayudó a sus secuestradores, Armitage le costeó su defensa y le pagó el arriendo a su familia mientras él conseguía trabajo, por lo que su historia se ha convertido en un caso de reconciliación citado con frecuencia en los medios.

Armitage se lanzó por firmas y está haciendo una campaña cívica, aunque también tiene el apoyo del empresariado caleño, del grupo político del actual alcalde Rodrigo Guerrero y de varios políticos (los congresistas de Cambio Radical José Luis Pérez y Carlos Abraham Jiménez y el ex senador conservador Germán Villegas).

Además de él, hay dos candidatos más en el Valle. En el norte está de candidata Neira Luz Rentería, una líder de desplazados que estuvo en la Mesa Nacional de Víctimas y que es candidata de La U al concejo de Alcalá. Y en Palmira está Esther Loaiza, una líder de víctimas mujeres que aspira al Concejo con Cambio Radical, que estuvo en la mesa departamental y que ahora está en la mesa de mujeres del Valle.

Cauca, donde una de cada cuatro personas es víctima (para un total de 290 mil), es el departamento con mayor número de líderes de víctimas apostándole a la política.

Una de las cartas más fuertes es Nilson Liz, un veterano líder campesino de El Tambo y candidato al Concejo por el Polo que ha estado vinculado desde hace dos décadas a la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Anuc), la organización campesina que fue muy fuerte en los años setenta pero que luego se vio diezmada un notorio a raíz de las acciones de las guerrillas y los paras. Y en cuya representación él viajó a La Habana, como parte del quinto grupo de víctimas que conversó con los negociadores de las Farc y el Gobierno.

La historia de Liz es una de las 300 que ha documentado la Anuc de persecución contra su dirigencia que reivindicaba una reforma agraria amplia, por parte de las guerrillas, los paras (que los declararon 'objetivo militar' en el libro Mi confesión de Carlos Castaño) y el Estado, aunque esa cifra es aún nebulosa porque apenas comenzaron el proceso de reparación colectiva con la Unidad de Víctimas.

Él fue víctima de un atentado por parte de las Farc a finales de los años noventa, a los que se le vinieron a sumar una serie de sufragios, un nuevo atentado y un secuestro por parte de desconocidos en 2013. A eso se sumó que, apenas dos semanas después de su viaje a La Habana, su hijo Dayan Camilo de 17 años fue asesinado.

También está Alcibiades Escué, un líder nasa que fue amenazado tanto por los paramilitares en La Guajira y por la guerrilla en el Cauca, es otro de los líderes de víctimas del departamento y -aunque perdió en 2011 cuando se lanzó como candidato a la Cámara de Representantes por el Mais- ahora va con este mismo partido por la alcaldía de Toribío.

En 2004, Escué era el gerente en temas de salud de la EPS indígena Asociación Indígena del Cauca (AIC), y ese año, uno de los clanes wayúu en La Guajira decidió afiliarse a la entidad prestadora de salud de la asociación. Pero los paramilitares de la zona amenazaron a una de las funcionarias de la Aic en La Guajira y aunque -según cuenta él- “no íbamos a aceptar tales condiciones, no se le dio ni un solo centavo, el presidente [Álvaro] Uribe me acusó de corrupción mediante una alocución televisada, diciendo que yo había pagado a funcionarios públicos de la Aic para desviarlos a los paramilitares”. Esto después de que la Fiscalía lo detuviera.

En el Cauca, cuenta Alcibíades, la guerrilla “empezó a usar los mismos términos que Uribe: que éramos paramilitares, de ultraderecha, todas esas maneras de estigmatización y señalamiento” y desde ese año, tanto él como su familia han tenido amenazas verbales y escritas. Aunque este líder nasa tiene medidas cautelares ordenadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos desde octubre de 2005, las amenazas llegaron a su punto más álgido en 2013, pues las Farc lo declararon como objetivo militar.

“Por mera dignidad nunca he dicho que soy víctima, digo que lo que ha pasado es producto de la descomposición social, pero me he mantenido en el territorio”, dice Escué, que fue parte de la comisión de negociación de la minga nacional de la la Organización Nacional Indígena de Colombia y estuvo hace poco en el Grupo de Diálogo Minero (Gdiam) que reunió a distintos sectores de la industria para hacerle recomendaciones al Gobierno sobre cómo promover una minería más incluyente.

Además de ellos dos, están aspirando Gloria Amparo Meneses (una líder de la mesa departamental que es candidata al concejo de Santander de Quilichao con Cambio Radical) y John Fredy Campo (una líder de víctimas de minas antipersonal que aspira al Concejo de Caldono por el Mais), así como una veintena de personas que vienen de las mesas municipales de víctimas.

En Nariño, que es el quinto departamento con más víctimas (359 mil) en todo el país, hay cuatro líderes en los tarjetones.

La más visible es Darla Cristina González, una líder de víctimas Lgbti y candidata de la Alianza Verde al Concejo pastuso que aspira a convertirse en la segunda concejal trans en todo el país. Cristina se hizo líder de víctimas tras haber sido reclutada por las Farc cuando era un adolescente en el Oriente antioqueño y haberse convertido en líder de las trabajadoras sexuales en la capital nariñense, como contó La Silla en un perfil suyo.

Ha estado dos veces en la mesa de víctimas de Nariño (como representante de los Lgbti) y en la nacional. Este año fue una de las tres víctimas elegidas para sentarse, con el Procurador Alejandro Ordóñez, el Contralor Edgardo Maya y el Defensor del Pueblo Jorge Armando Otálora, en la comisión de las ‘ías’ que le hace seguimiento al cumplimiento de la Ley de Víctimas. Se lanzó al Concejo en 2011 con Cambio Radical y sacó solo 254 votos, dando el salto a hora a los verdes, 'amadrinada' por la representante Angélica Lozano.

“Esto no es un tema Lgbti: la problemática de nosotros las víctimas es muy similar y tenemos que defendernos juntos. Imagínese si se firma la paz con las Farc, ¿qué más apropiado que nosotros, los que hemos padecido ese flagelo, estemos ahí para garantizar que nos cumplan a las víctimas y a los desmovilizados?”, dice Concepción Quiñones, una líder afro de Barbacosas que está en la mesa departamental de víctimas con Cristina.

Cristina es además una de las 69 candidatas que tienen una agenda clara en temas LGBTI en alcaldías capitales, un tema al que le ha hecho seguimiento Caribe Afirmativo, Colombia Diversa y otras organizaciones.

Además de Cristina, están de candidatos tres líderes que llevan dos períodos en la mesa departamental de víctimas: José Agustín Clevel va al concejo de Tumaco con la ASI y Giovanni Cárdenas al concejo de Samaniego también con la ASI y Hugo Estupiñán, que aspira al concejo de Santa Bárbara con Cambio Radical.

Arauca, donde tiene una de cada tres personas son víctimas (87 mil), tiene a dos líderes intentando llegar a puestos públicos.

La más conocida es Yolanda López, una líder de víctimas que ha trabajado sobre todo con el tema de violencia sexual y que es candidata liberal al concejo de Tame. De allí tuvo que salir en 2002, cuando los paramilitares del bloque Vencedores de Arauca llegaron a su vereda a advertirles que tenían 24 horas para salir o no respondían. Tras tres años desplazada entre Bogotá y Quindío, en 2005 regresó a Tame -cuando se enteró que el bloque se iba a desmovilizar- y arrancó a trabajar con las víctimas.

“Hay que incidir políticamente para que seamos más escuchados porque la realidad es que nos toca hacer mucha gestión para las víctimas en salud, educación y proyectos productivos. Uno tiene que empezar desde lo bajo para irse encumbrando, porque la idea es seguir subiendo”, cuenta López. Una de sus prioridades serán las víctimas de violencia sexual, porque -en sus palabras- “aunque las mujeres han despertado y han hecho saber sus casos, el tema sigue invisibilizado y siguen dándose casos”.

Además de ella está Nini Johana Cardozo, una líder de la mesa departamental de víctimas que está aspirando a la Asamblea por la ASI.

Amazonas es el segundo departamento con menor número de víctimas registradas (2.247, solo superado por San Andrés), pero dos candidatos del movimiento de víctimas.

El más visible es Jaime Gómez, un líder de familias desplazadas y de la mesa departamental de víctimas que quiere llegar a la Asamblea por la Alianza Verde. Originalmente vivía en Doncello, en Caquetá, pero hace 13 años fue desplazado a Leticia por la violencia de la guerrilla y los paramilitares, junto a sus tres hijas y su esposa.

“No existía la Red de Solidaridad Social y la ayuda a los desplazados era un asunto de caja menor. Además se estigmatiza y se las revictimiza porque los leticianos dicen que venimos a quitarles los recursos del departamento”, cuenta Gómez, que hace cuatro años se lanzó al concejo de Leticia por Cambio Radical pero sin éxito.

Junto con otras familias desplazadas, en 2004, creó la Asociación de Familias Desplazadas del Amazonas, de la cual fue vicepresidente por cuatro años y luego lideró la Asociación de Familias Desplazadas Nueva Esperanza hasta 2014. La idea con esta organización es ser un apoyo para las familias que llegan desplazadas al departamento y sobre todo brindarles vivienda digna. De hecho, según cuenta, “tenemos asignadas 8 viviendas en una urbanización y 16 en otra, y el Gobernador, con el apoyo del Ministerio de Defensa, nos ofreció dos hectáreas de terreno para construir vivienda únicamente para familias desplazadas”.

Adicional a él, está de candidata Blanca Caliz, que viene de la mesa departamental de víctimas y que aspira al concejo de Leticia con los liberales.

En Guainía, que tiene 9.137 víctimas (en una población aproximada de 41 mil personas), hay dos líderes de víctimas de la mesa departamental que están de candidatos a la Asamblea.

Una de ellas es Diana Madelsy Rivera, una madre cabeza de hogar que por primera vez está aspirando a una silla en la Asamblea por La U. Llegó a Inírida desplazada de una finca en Güerima, población del municipio de Cumaribo en Vichada. Después de montar su propia papelería, empezó a participar en la Asociación de Desplazados del Guainía (Asdepaz) y en 2013 fue nombrada como coordinador de la mesa departamental.

A principios de este año, junto a otras amigas, organizó la Asociación de Mujeres del Guainía, integrada por madres cabeza de hogar desplazadas por la violencia y ahora se lanza a la Asamblea porque, en sus palabras, “no tenemos representación en la Asamblea y necesitamos recursos para las víctimas para generar empresa privada y proyectos de vivienda de interés social”.

Además de ella, está aspirando Seir Marín, líder de la mesa departamental de víctimas, a la Asamblea con los conservadores.

Tolima, donde viven 181 mil víctimas, hay dos candidatos que vienen de trabajar con ellas.

Una es Luz Yaneth Aguirre, una líder de víctimas de Herveo que estuvo en la Mesa Nacional de Víctimas y que aspira con los conservadores al concejo de su municipio. El mismo de donde tuvo que salir desplazada en 2003 cuando los paramilitares asesinaron a su esposo John Jairo Alarcón y donde ha venido trabajando con las víctimas desde que salió la Ley de Víctimas.

“Nosotros, desde las mesas de víctimas, nos dimos cuenta que el alcalde y los concejales no pasan proyectos para nosotros. Nos ven como un estorbo económico. Pero no se dan cuenta que nosotros podemos gestionar muchos proyectos no solo para las víctimas sino para todo el municipio. Yo misma ya conseguí dos salones comunales con la Unidad de Víctimas para el corregimiento de Padua y la vereda Mesones y ya pasé un proyecto para dotar a todas las escuelas del municipio”, dice.

También está Alexa Magnolia Rivera, una líder de desplazados que estuvo en la mesa departamental de víctimas y que aspira al concejo de Cajamarca con La U.

El Huila, donde uno de cada seis habitantes es víctima (182 mil), hay tres candidatos que son líderes de víctimas.

La más conocida de ellas es Mayerli Paredes, que está aspirando al Concejo de La Plata con la ASI.

“Yo soy de Tesalia (Huila), pero vivía con mi familia en Colombia cuando hubo la masacre de 2002. Mataron a una cantidad de personas de la familia de mi esposo. Así que llegué a La Plata a empezar de cero otra vez y acá nos organizamos 33 familias y fundamos la Asociación de Desplazados con Futuro de La Plata. Y estamos trabajando para que esto deje de ser un solo dolor”, fue como le describió ella a La Silla su lucha en 2013, cuando fue elegida representante del Huila en la Mesa Nacional de Víctimas.

De hecho, este año -cuando se dirigía a una reunión de víctimas de falsos positivos- la amenazaron dos hombres armados que se identificaron como de las Águilas Negras.

Otras dos líderes que han estado en la mesa departamental de víctimas también se lanzaron: Marta Jiménez, que aspira al concejo de Algeciras con los liberales, y Yolanda Durán, candidata al concejo de La Plata con La U.