Santos y las drogas: afuera dice mucho, adentro hace poco

Pese a que a nivel internacional Santos se ha mostrado favorable a un cambio, en casa ha sido un convidado de piedra con el tema. No sólo no ha planteado ninguna reforma significativa a la política antidrogas, sino que ha estado casi completamente ausente de los principales espacios donde ésta se planea a nivel nacional.

Según supo La Silla, el presidente no ha asistido personalmente a ningún Consejo Nacional de Estupefacientes -que reúne a una decena de instituciones del Gobierno y de las Fuerzas Armadas que tienen bajo su ala los diferentes aspectos de la lucha antidrogas- mientras que su predecesor Álvaro Uribe lo hacía con mucha frecuencia o enviaba a sus delegados de confianza.

Santos tampoco ha asistido nunca a la entrega de los resultados del informe anual de cultivos ilícitos que hace la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Unodc) y que son una de las guías fundamentales para las políticas antidrogas predominantes como la aspersión y la erradicación. Ahí hay otra diferencia clave con Uribe, que casi siempre iba (así no le gustara la información que recibía del Sistema Integrado de Monitoreo de Cultivos Ilícitos de la ONU).

A eso se le suma que otros espacios importantes de drogas han venido desdibujándose. Un ejemplo es la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos (Ccicla), que es el órgano que coordina a todos los actores que combaten el lavado de activos y financiamiento del terrorismo, que durante el pasado gobierno dependía directamente del vicepresidente Pacho Santos y cuya importancia es hoy casi nula.

Y a otros todavía no se les ha dado el seguimiento necesario. En mayo pasado la Comisión Asesora en Política de Drogas que creó la Ministra de Justicia Ruth Stella Correa, que conforman 12 expertos en diversos aspectos de la política antidrogas y que coinciden en buscar alternativas al enfoque tradicional, entregaron sus primeras recomendaciones sobre cómo abordar el consumo desde una óptica de salud pública. Ocho meses después, esas recomendaciones siguen en su mayor parte en el papel y -aunque existen pilotos exitosos como el de Acción Técnica Social para el consumo de heroína- aún no han sido aumentados a una escala que permita ese cambio en la política.

Aunque aún no hay preocupación de que esta Comisión de ruptura -que integran personas cercanas al presidente como el general Óscar Naranjo y César Gaviria- esté perdiendo fuelle, personas que conocen la política antidrogas temen que los consejos de ésta terminen en saco roto como sucedió con los de la comisión similar para la política criminal.

No sólo a nivel nacional Santos ha eludido el debate. Hace dos años, durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, Santos y su homólogo guatemalteco Otto Pérez Molina le pidieron a la Organización de Estados Americanos -en nombre de los 33 países que asistieron- que evaluara alternativas para enfrentar el problema de las drogas. En mayo pasado, su secretario general José Miguel Insulza presentó ese informe, un trabajo exhaustivo que no toma una posición puntual sobre cómo reenfocarla pero -con costos, evidencia científica y análisis comparativos por país- plantea las diferentes alternativas sobre la mesa. Y sobre todo, el primero de su tipo elaborado por un organismo multilateral.

Sin embargo, más de medio año después Santos no ha asumido ningún liderazgo en ese debate, pese a tener en sus manos el balón que pidió. Y oportunidades de debate las ha habido, con los pasos individuales -el escenario que más desaconsejaba el informe- que han tomado Uruguay o los estados de Colorado y Washington al legalizar la marihuana para regular el mercado.

Si el presidente no tira línea en el debate antidrogas, sus principales subalternos relacionados con el tema no tienen la capacidad de hacerlo.

Ruth Stella Correa comenzó su corta gestión al frente del Ministerio de Justicia bastante activa en el tema de drogas, hasta que sus palabras sobre una posible despenalización de la dosis mínima de drogas sintéticas fueran erróneamente entendidas como un anuncio de su legalización y desataran un escándalo en el que se habló hasta de darle éxtasis a los niños en los colegios. Aunque Correa nunca propuso eso, de ahí en adelante y hasta que salió del gabinete, le bajó el tono a la discusión pública sobre drogas.

Después de ella Alfonso Gómez Méndez no la ha liderado visiblemente, como tampoco lo hicieron antes Germán Vargas Lleras o en menor medida Juan Carlos Esguerra. Eso significa que el peso ha recaído en los vices de política criminal, como Jorge Fernando Perdomo (hoy vicefiscal), Farid Benavides y ahora Miguel Samper. Por otro lado, el Ministro de Salud Alejandro Gaviria ha sido un firme proponente de enfocar el consumo como problema de salud pública, pero el Gobierno aún no le ha seguido la idea por completo. 

Esto le ha permitido mantener al Ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón, que representa al enfoque tradicional, la voz cantante en la política antidrogas.

A pesar de que la evidencia muestra que los resultados de la aspersión son relativamente pobres para sus altos costos, a diferencia de políticas más exitosas como la de interdicción, aún no hay ninguna discusión para replantearla. Con lo que Colombia sigue siendo el único país del mundo que fumiga los cultivos ilícitos.

Esto pese a que el año pasado la fumigación estuvo en el ojo del huracán. Primero porque Colombia firmó un acuerdo con Ecuador sobre las fumigaciones fronterizas, por lo que Quito retiró la demanda que tenía ante la Corte Internacional de Justicia en La Haya. En ese acuerdo, que La Silla reveló, la Cancillería reconoce que hay protocolos para fumigar que causarían menos daño de los que actualmente aplica Colombia y que sin embargo, el Gobierno solo se compromete a aplicar en la frontera con Ecuador, con las implicaciones éticas y políticas de esto.

A eso se suma que la aspersión de coca lleva paralizada desde que en octubre dos aviones fumigadores fueron derribados, como reveló La Silla, aparentemente por las Farc. Esta realidad, que el Gobierno mantuvo en reserva durante dos meses hasta que Washington la confirmó, dejó otros interrogantes cómo si se va a compensar el frenazo en la fumigación con más erradicación manual, cuando ésta ha dejado un número muchísimo mayor de víctimas tanto militares como civiles. Y si sólo se revisa el programa cuando mueren pilotos estadounidenses, mas no cuando lo hacen policías y erradicadores colombianos.

Consolidación, el programa bandera de Santos que busca garantizar la construcción de Estado en zonas donde tradicionalmente ha hecho presencia la guerrilla y donde la seguridad no está garantizada, es actualmente un programa ineficiente y politizado, con una influencia cada vez mayor del Ministerio de Defensa y el enfoque militar.

Pese a su importancia tanto para la restitución de tierras y reparación a víctimas como para consolidar la paz si algún día los guerrilleros dejan las armas, desde que el Gobierno sacó a Álvaro Balcázar y puso al político nariñense Germán Chamorro -de La U- al frente de Consolidación el componente técnico y civil del programa se debilitó considerablemente.

Entre tanto, los militares han ido recuperando la influencia que tenían cuando el programa estaba bajo su órbita, como lo muestra el hecho de que el ministro Pinzón consiguió nombrar a Javier Flórez -hijo del general Javier Alberto Flórez, miembro del Comando General del Ejército– como director del Programa contra Cultivos Ilícitos (PCI) que maneja el 80 por ciento del presupuesto de la entidad.

Una de las tareas que se propuso Santos en materia de drogas fue sacar un nuevo Estatuto antinarcóticos, ya que el que está vigente data de 1986 y poco se ajusta a la realidad hoy.

El primer borrador de Vargas Lleras, cuando era ministro del Interior y Justicia, tenía una aproximación totalmente represiva, que fue reelaborada por completo en el segundo borrador que hicieron Esguerra y su vice Jorge Fernando Perdomo. Luego Ruth Stella Correa y su vice Farid Benavides lo depuraron, lo consultaron con otras entidades claves como Procuraduría, Fiscalía, Defensa y Salud y lo presentaron al Consejo Superior de Política Criminal. El problema es que cuando subió la presión de la opinión pública por el escándalo de las drogas sintéticas -que además de sacado de contexto era apenas una parte ínfima del estatuto- el Gobierno decidió abortarlo y no lo terminó presentando al Congreso. Desde entonces, no se ha movido.

Ese borrador definitivo traía varios cambios novedosos como insistir en que el consumo es un problema de salud pública, en que los municipios deben tener un mayor protagonismo en la prevención y el tratamiento y en endurecer las sanciones en donde no existen y sí se necesitan, como contra quienes proveen a menores de edad o consumen frente a ellos, quienes usan escopolamina o quienes comercializan medicamentos de uso controlado como drogas recreativas.

El único cambio menor ha sido que el número de campesinos cocaleros judicializados ha disminuido, pero este reajuste se ha dado más por razones prácticas al interior de la Policía que por una orden de arriba.

Durante el segundo gobierno de Uribe la directriz era procesar penalmente a mil campesinos productores al año, una tarea que resultó contraproducente porque la mayoría eran liberados después y, sobre todo, porque las fuerzas armadas perdían toda legitimidad en zonas cocaleras. Al bajar la presión por cumplir con esa meta tras el cambio de gobierno, la Policía -bajo el mando del general Naranjo- dejó de judicializarlos y optó por enfocarse en las medidas administrativas como incautar las hojas y destruir los cultivos.