Los Súper poderosos del Pacífico versión 2019

La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro conserva el primer lugar de nuestro conteo, tras ser mencionada 14 veces por nuestros entrevistados. Además del poder obvio que le da la Gobernación que deja este año, es poderosa además porque desde 2018 viene dejando sentadas las bases para seguir siendo poderosa una vez termine su mandato.

Toro tiene bancada propia del Congreso en su Partido, La U, con seis parlamentarios (los Char de Cambio Radical tienen 10). Cifra que aumentó con respecto a la legislatura 2014, lo que la convierte en la única figura regional del Partido con tal poder.

A eso se suman poderes locales en ciudades como Palmira, donde el que manda políticamente es su cuñado, el notario Jorge Caicedo. Desde ya el grupo que lidera, Nueva Generación, tiene armada la estrategia para seguir mandando en cuerpo ajeno en la Gobernación a través de la exdirectora de Coldeportes, Clara Luz Roldán.

Su influencia y cercanía con otros mandatarios regionales la ha hecho una voz de peso dentro de la Federación de Departamentos (de la cual fue directora en 2016). Por ejemplo, a inicios de mes organizó el reclamo conjunto de la Fededepartamentos al presidente Duque por el recorte de regalías en las regiones, que obligó al Presidente a prometer una forma para que les siga llegando esa plata.

Dentro del grupo de homólogos regionales tiene de aliados a los de Cauca, Chocó, Nariño, Meta y los tres del Eje Cafetero.

Con estos últimos, impulsó una alianza entre las Regiones Administrativas y de Planeación (RAP) del Pacífico y del Eje para buscar cooperación internacional para proyectos conjuntos de infraestructura.

A futuro, salir del cargo y permanecer como la líder de su grupo político le permitirá, según una persona de su círculo, mantenerse vigente en la política. Esto en buena medida porque la Fiscalía le archivó una investigación penal por lavado de activos el año pasado y como dijo en entrevista a Semana “no estoy pensando en el retiro político”.

Tras la salida de las Farc en armas de los territorios, el Pacífico ha sido uno de los epicentros de la crecida disidencias de la exguerrilla, de dos frentes de guerra del ELN y de bandas criminales que mantienen un poder basado en el miedo, represión a la población y control de economías ilícitas, como el narcotráfico.

Estos actores ilegales fueron mencionados en 11 ocasiones por las fuentes consultadas. Dos de ellas, por aparte, explicaron que su poder reside en el control efectivo territorial que tienen de varias zonas del Pacífico.

“Son la autoridad y la ley. Los niños los ven todos los días, aprenden de ellos”, nos dijo un líder en Buenaventura; “cohesionan y generan una guerra con el Estado”, nos dijo otra líder en Cauca. Y como nos dijo un investigador del conflicto en Valle “el Pacífico puede ser el único lugar del país donde están concentradas todas las economías y actores ilegales”.

Así lo hemos reportado en La Pacífico con las disidencias en Tumaco; las bandas criminales en los barrios de Buenaventura; en Argelia en Cauca con el ELN; en Jamundí y en el norte del Cauca -frontera clave para la ruta narco- también hemos reportado la presencia de Los Pelusos y el ELN.

En el caso de las disidencias, desde su aparición en 2016, se han multiplicado en el Pacífico, alcanzando a ser reportadas por autoridades e investigadores al menos 14 grupos. Incluso, disidentes de otras regiones, como Gentil Duarte, el más poderoso que actúa en el Sur del país, tiene cercanía con una de ellas en el norte de Nariño.

En el caso del ELN actúa en los cuatro departamentos, ya sea por parte de frentes urbanos (como en el caso de Cali) o con los frentes suroccidental (en Nariño y Cauca) y occidental (en Chocó) de guerra, donde controlan negocios ilegales de minería, madera y narcotráfico.

La directora del Departamento para la Prosperidad Social (DPS) fue mencionada por seis fuentes consultadas y entra al ranking por primera vez no solo por el poder obvio de manejar la entidad de la política social del Gobierno, sino también por su influencia dentro del Gobierno y el uribismo local.

Como directora del DPS, Correa tiene a su cargo un presupuesto de casi dos billones de pesos y una abultada nómina de contratistas que hacen que la entidad, de rango ministerial, sea en sí misma poderosa. Además, por manejar programas sociales como Familias en Acción y Jóvenes en Acción, entre otros, tiene conexión directa con los alcaldes de todo el país que buscan esos proyectos.

Además, militantes de ese Partido llegaron a las direcciones regionales en Valle y Nariño. Pero también en Bogotá, Huila y Cundinamarca, todos nombrados por Correa.

Además, Correa es poderosa porque fue designada por Duque como madrina de Buenaventura y es el enlace directo del Gobierno Nacional con la administración encargada actual y la que será elegida en octubre, lo que le da interlocución y relevancia con otros poderes del puerto como empresarios y movimientos sociales.

“Por lo que significa el DPS y Buenaventura para todo el Pacífico, va a ser interlocutora clave con el Gobierno”, nos dijo un empresario que la conoce.

Es además una de las personas más cercanas al expresidente Álvaro Uribe en Valle: su padre, Álvaro Correa Holguín, dueño del ingenio Mayagüez fue uno de los primeros apoyos de Uribe en el departamento; su empresa fue una de las principales beneficiadas del programa Agro Ingreso Seguro y Correa fue la jefe natural del Partido cuando fue elegida Senadora en la lista cerrada de 2014 (en la que estuvo en quinto puesto, por encima del mismo Duque en ese momento), además de la encargada de armar las listas para las elecciones de 2018, en las cuales en Valle el uribismo creció.

El Senador del Polo Democrático es superpoderoso por ser la voz más fuerte de los movimientos sociales del Pacífico en Bogotá ante el Congreso y el Gobierno. Fue mencionado por seis de las fuentes consultadas.

“Es un aliado de las comunidades, de las luchas porque se pone de nuestro lado. Su ayuda es clave porque está en un escenario donde la comunidad no puede llegar que es el Congreso y ese espacio es clave para alzar la voz, para denunciar, para hacer control político”, nos dijo la líder caucana Francia Márquez.

Poder que ha mostrado varias veces: López fue clave para hacer lobby con los congresistas para que se aprobara la Ley que dio origen a un fondo de recursos autónomo para Buenaventura, una de las promesas del paro cívico de 2017, que aseguró 1.6 billones de pesos anuales por diez años para ser invertidos en obras priorizadas por el Gobierno y la comunidad.  

También ha sido la voz más fuerte en controversias de trabajadores con el Estado, como ocurrió en 2016 con el paro de madres comunitarias del Bienestar Familiar, en donde el Senador fue clave para las denuncias de las mujeres que pedían no pasar por un Banco de Oferentes para contratar con esta entidad, pese a que llevaban décadas trabajando con el Estado

Su protagonismo ha venido creciendo en el Pacífico y eso se evidenció en los pasados resultados electorales. Pasó de 20 mil votos en 2014 en Valle a 45 mil.

Y aunque su cercanía es mayoritariamente en Buenaventura, dos congresistas de la región creen que el ha venido “encarnando las diversas voces de la protesta social” como sindicatos, afros e indígenas en el Congreso.

Aunque para una de las fuentes consultadas el poder de incidencia de López podría crecer aún más si sigue tejiendo alianzas con sectores sociales de los otros departamentos del Pacífico como Cauca, Nariño y Chocó que no tienen aliados de sus causas en el Congreso.

Por su poder para incidir en altas instancias del Gobierno y presionarlo para obtener beneficios tras años de olvido en la región e incluso injerencia electoral, los movimientos sociales del Pacífico hacen parte de este conteo. En especial, por los logros alcanzados en poco más de dos años de existencia por el Comité Cívico del Paro de Buenaventura, el principal puerto del país.

Los movimientos son claves en la región porque recogen y agrupan mayorías étnicas: En el Pacífico hay 117 territorios colectivos de consejos comunitarios y 260 resguardos indígenas.

Estas organizaciones sociales son, además, la autoridad en sus territorios y quienes le hacen frente a la violencia, déficit en servicios públicos y falta de oportunidades económicas que viven a diario ante la ausencia del Estado.

Ejemplos son la junta del Consejo Comunitario de Alto Mira y Frontera en Tumaco, que ganó el premio internacional a la defensa de los derechos humanos que entrega la organización de cooperación internacional Diakonia y la iglesia Sueca; allá también los comunales incidieron en la tregua entre disidencias; en Cauca la organización indígena llama la atención de los gobiernos de turno con el bloqueo a la vía Panamericana; y en las elecciones presidenciales de 2018 los cabildos y consejos comunitarios afro fueron base clave para la victoria de Gustavo Petro en los cuatro departamentos en segunda vuelta.

En especial el comité del paro cívico de Buenaventura, que lidera entre otros el padre John Reina (en la foto) ha ganado espacio e influencia a nivel local, regional y nacional.

En lo local se han convertido en una especie de ‘para estado’ ante la crisis de institucionalidad del Puerto; en lo regional hablan de tú a tú con las autoridades como la gobernadora Toro; y en lo nacional lograron, a través de una ley, ser parte de la junta que administrará los 1.6 billones de pesos anuales por 10 años a los que se comprometió el Gobierno tras casi 21 días de parálisis en el principal puerto del país sobre el Pacífico en 2017.

Lo que diferencia a este movimiento con el que hubo en Quibdó (que también entró en paro en 2017), es la importancia del puerto para el país y la capacidad de cohesión con otros movimientos sociales, como el Proceso de Comunidades Negras (PCN).

“El Comité del Paro es único e irrepetible porque es una muestra muy poderosa de que se debe seguir esa dinámica de lograr grandes cosas con el respeto. Es único porque es en Buenaventura, que paraliza el comercio del país. Lamentablemente en Tumaco, en Chocó y Guapi no logra el mismo impacto”, nos dijo una de las fuentes consultadas para esta historia y que sigue de cerca el trabajo del Comité.  

Eso ha hecho que en aspectos políticos y de interlocución le ganaran espacios a la polémica líder afro bonaverense Rosa Solís, quien si bien no pierde influencia en los consejos comunitarios que fundó y maneja, sus líos judiciales le redujeron su capacidad de negociación política.

El reto ahora en adelante de este Comité es mantener su legitimidad de movimiento ciudadano durante las elecciones, en las que se medirán con candidato propio a la Alcaldía de Buenaventura, a través de Víctor Vidal, que es una de las caras más visibles del paro.

El director de la Cámara de Comercio de Cali desde 2013, la más importante del occidente del país, fue mencionado por seis consultados, y es súper poderoso en la región por sus conexiones con gobiernos locales y el nacional, el trabajo impulsado desde la entidad público-privada para apalancar la economía de la región y su perfil de proyección nacional.

La labor de Piedrahíta, un economista de Harvard con un posgrado del London School of Economics, se ha basado en generar más conexión entre empresarios y el sector social para el desarrollo de Cali y la región, como la iniciativa lanzada desde 2014 para impulsar a pequeñas y medianas empresas de los cuatro departamentos, en una alianza con Colciencias.

“Es líder de opinión en lo nacional y pone a hablar al Valle en otro discurso, el de la innovación”, nos dijo una empresaria regional, quien dio parte del crédito a la labor del economista en la reactivación industrial del Valle en los últimos años.

A eso se suma su conexión con los poderes nacional y local. Fue director de planeación de Álvaro Uribe en 2009 y cercano al actual presidente Duque vía Luis Moreno, el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, donde ambos trabajaron la década pasada.

Esto será particularmente relevante ahora dado que los delegados de Duque en la Cámara de Comercio son cercanos al Presidente, como contamos acá.

En el poder local también tiene conexiones e influencia. Como hemos contado en La Silla Pacífico, Piedrahíta es influyente en el gobierno del alcalde de Cali, Maurice Armitage, no solo por ser uno de los que le habla al oído al mandatario, sino también porque su esposa, Lina Sinisterra, secretaria de Gobierno, es una de las manos derechas del Alcalde.

“Es muy cercano a Rodrigo Guerrero y Maurice Armitage; lo conocen en la Andi, en el comité intergremial, han trabajo muy bien. Influencia en lo económico y lo político”, nos dijo, en resumen, un Senador valluno.

Los presidentes del Grupo Colombina, César Caicedo, y de la empresa azucarera Manuelita, Harold E. Eder, son súper poderosos por ser cacaos en la región y por la influencia política que tienen a nivel local y nacional. Fueron mencionados cinco veces por las fuentes.

El grupo Colombina, una de las empresas más grandes del país, con sede en Cali, tiene inversiones en Centroamérica y España y genera 9 mil empleos directos; mientras que Manuelita tiene inversiones en Perú y Brasil, tiene tierras en el Cauca (que han sido objeto de litigios jurídicos y peleas con grupos indígenas) y Meta.

Sus cabezas son, además, referentes nacionales en temas económicos. “Caicedo es referente sine qua non para la proyección empresarial del Valle: todo el mundo lo busca, todo el mundo está pendiente de lo que dice, y todo el mundo le copia”, nos dijo sobre el Presidente de Colombina un asesor político cercano a los cacaos.

“Hacen parte de la nueva generación de empresarios. Hay muchos más, pero Harold y César son los más visibles”, nos dijo a su turno una empresaria del sector.

Y son claves en la movida política.

Caicedo, Eder y en menor medida Juan Ramón Guzmán, presidente de Belleza Express, fueron mencionados por las fuentes como los cacaos que más se meten en el tema político, además de “hacer funcionar las cosas a nivel público”, a través de su la financiación de campañas, tirando línea y teniendo lazos con la política nacional.

Por ejemplo, hacen parte del influyente grupo de cacaos de Cali que por época pre electoral buscan apalancar aspirantes a la Alcaldía, como ocurrió con Maurice Armitage y Rodrigo Guerrero.

“Caicedo influye en las elecciones. Así pasó antes (en Cali). Es muy cercano a Fajardo”, nos dijo un curtido político valluno.

En el caso de Eder, lo político viene de familia. Su abuelo, Harold Henry Eder fue ministro de fomento; su tía Doris Eder fue viceministra de Educación y actualmente su hermano, Alejandro es candidato por firmas a la Alcaldía de Cali.

Ambos además gestionan temas de su interés con la Andi, Propacífico, la Unidad de Acción Vallecaucana, y son vistos casi que como un “cogobierno” con las Gobernaciones de Cauca y Valle, como nos dijo un Senador de la región.

El sector azucarero, mencionado cinco veces en la reportería para este conteo, es poderoso en sí mismo por su poder jalonador de la economía, por sus conexiones con el poder político nacional y su capacidad de lobby que lo convierten además en uno de los súper poderosos del campo colombiano.

La industria azucarera del país tiene su sede en buena medida en las tierras del Valle y de Cauca. En él están incluidos 13 de los ingenios más grandes del país, entre ellos Riopaila, Manuelita y Mayagüez, que como hemos contado a lo largo de esta historia, también tienen conexiones políticas.

Agremiados en Asocaña, la asociación de cañicultores, dirigida hoy por Juan Carlos Mira, ha tenido un poder de lobby importante en los últimos años. Eso se vio en las negociaciones con el TLC de Estados Unidos donde fue incluído el azúcar o la Alianza Pacífico, en las que fue excluído en ventaja para los industriales.

Y desde octubre, el presidente Duque se ha reunido con este gremio para definir una hoja de ruta en temas sensibles para la industria como el etanol, ya que, según el gremio, 30 por ciento del combustible es importado y subsidiado y la idea del Gobierno es proteger a la industria nacional de la caña que está incursionando en este negocio.

Ese poder también ha traído controversias en lo regional. La más sonada ocurrió el año pasado cuando el entonces candidato Gustavo Petro propuso al Ingenio del Cauca vender parte de sus tierras al Gobierno para repartirlas entre los campesinos e indígenas del departamento, que llevan décadas en un complejo litigio con el Estado por la distribución de tierra protegida en esa región.

Los organismos humanitarios de cooperación internacional y la Defensoría del Pueblo son muchas veces la única presencia institucional en municipios del litoral Pacífico. Su poder radica, en gran parte, en la incidencia ante las comunidades en terreno, porque son estas organizaciones las que pueden tener acceso a lugares controlados por actores armados ilegales y nexos con líderes de zonas difíciles.

Aunque es muy común que en zonas como López de Micay en Cauca, Carmen del Darién en Chocó y Tumaco en Nariño haya una ‘feria del chaleco’ (muchas personas de ONG trabajando en terreno), un funcionario de la Gobernación de Nariño nos resaltó al menos tres organizaciones: Usaid (Agencia de EEUU para el desarrollo), el Consejo Noruego de Refugiados y el Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Los tres tienen recursos para brindar capacitaciones, formular proyectos y tener personal en terreno (como Usaid), para atender rápidamente a desplazados y amenazados (como el Consejo Noruego), o para gestionar proyectos y garantizar la seguridad alimentaria de población vulnerable (como el PMA).

A esos se suman las labores que hacen la Mapp-OEA, la Acnur, el Comité de la Cruz Roja, Médicos sin Fronteras, entre muchos otros.

Pero su impacto suele ser momentáneo “porque la mayoría trabaja con gente de afuera, no empoderan a las personas del lugar, no dejan capacidades instaladas en las comunidades”, como nos dijo una fuente de la iglesia de Tumaco que hace trabajo humanitario.

A su turno, la Defensoría del Pueblo es clave porque es la única entidad estatal que hace presencia en zonas de conflicto, que conoce de cerca los problemas de la región y tiene el poder de hacerlos visibles ante el Gobierno Nacional para tomar acciones.

Incluso, el defensor nacional Carlos Negret (en la foto) hizo un recorrido por el litoral para conocer de primera mano las falencias de la región.

Aunque muchas veces en el alto Gobierno no se les pone atención, como ocurre en el caso de las alertas de líderes sociales, lo que se queda corto ante la falta de presencia de otros actores estatales como las fuerzas militares.

Esta organización privada que desde septiembre encabeza la exviceministra de Minas, María Isabel Ulloa, se ha venido convirtiendo en un centro de pensamiento que trabaja para el desarrollo de la región Pacífico a través de la formulación de proyectos, asesorías y articulación entre sectores públicos y privados.

La organización conformada por empresarios, trabaja de cerca con políticos, actores sociales y la academia.  

El poder de la organización radica en que su conocimiento técnico de la región sirve de guía y de soporte para el trabajo de otros sectores como por ejemplo en las gestiones de la bancada parlamentaria del Valle que ha presionado al Gobierno por tener más recursos y obras.

Propacífico también ha hecho acompañamiento técnico y participó en la articulación de los diferentes actores públicos para la conformación de la RAP Pacífico, que tiene un potencial grande de convertirse el megáfono de las necesidades de la región y el gestor de proyectos de impacto regional.  

De hecho, el capítulo Pacífico del Plan Nacional de Desarrollo se basó en información de la RAP, que a su vez se nutrió de Propacífico.

Propacífico es patrocinador del espacio de opinión La Red Pacífico, en La Silla Llena, que es una sección de La Silla Vacía.